Este 2026 se cumplen cuarenta años de una de las sentencias más importantes de la historia contemporánea. El 27 de junio de 1986, la Corte Internacional de Justicia de La Haya dictó su fallo en el caso Nicaragua contra Estados Unidos, una decisión que marcó un antes y un después en la defensa de la soberanía de los pueblos y en la definición de los límites del derecho internacional.
Actualmente, aquel caso continúa estudiándose en universidades de todos los continentes y sigue siendo una referencia fundamental para comprender principios como la soberanía de los Estados, la no intervención y la prohibición del uso de la fuerza.
Cuarenta años después, la cuestión ya no es únicamente qué ocurrió en los años ochenta. La verdadera pregunta es qué nos enseña hoy aquel proceso y qué revela sobre los límites del derecho internacional cuando entra en conflicto con los intereses de las grandes potencias.
La sentencia de La Haya demostró que incluso la mayor potencia del planeta podía ser llevada ante un tribunal internacional y declarada responsable de violar principios fundamentales del derecho internacional. Para muchos pueblos del mundo, aquella decisión representó una victoria de la razón jurídica frente a la fuerza y una demostración de que el derecho podía convertirse en una herramienta de defensa para los países frente a las presiones de las grandes potencias.
EEUU nunca cumplió la sentencia ni indemnizó a Nicaragua por los daños causados. Y aunque el fallo ordenó a Washington cesar su apoyo armado, continuaron financiando y asistiendo a los grupos insurgentes hasta la firma de los acuerdos de paz a finales de la década. La Corte pudo establecer responsabilidades, pero carecía de mecanismos efectivos para imponer el cumplimiento de sus decisiones. De esta forma quedó al descubierto una de las contradicciones fundamentales del sistema internacional contemporáneo: la existencia de normas jurídicas universales cuya aplicación, en muchas ocasiones, depende de la voluntad política de quienes poseen más poder.
Durante más de seis décadas, Cuba ha vivido bajo un bloqueo económico impuesto por EE.UU que ha condicionado profundamente su desarrollo económico y social. Año tras año, la mayoría de los países representados en la ONU ha reclamado el fin de esta política. Sin embargo, esas resoluciones han sido insuficientes para acabar con el bloqueo.
Para numerosos movimientos sociales y organizaciones de solidaridad, el caso cubano constituye uno de los ejemplos más evidentes de la distancia que puede existir entre la voluntad expresada por la comunidad internacional y la capacidad real para hacerla efectiva. La cuestión de fondo es la misma que planteó Nicaragua hace cuarenta años: ¿qué sucede cuando el poder se sitúa por encima de las normas?
La tragedia que vive el pueblo palestino devuelve estas preguntas al centro del debate internacional. La destrucción de ciudades e infraestructuras, el sufrimiento y aniquilación de la población civil, los desplazamientos masivos y las acusaciones de graves violaciones del derecho internacional por parte de Israel con el apoyo de los EEUU, han generado una profunda conmoción mundial. ¿pueden las instituciones internacionales responder ante situaciones de extrema gravedad?.
La situación de Venezuela añade otra dimensión a este debate. Además de años de sanciones económicas y restricciones internacionales impulsadas principalmente por EEUU, la denuncia venezolana sobre el secuestro de su presidente y ser juzgado por tribunales estadounidenses plantea interrogantes fundamentales sobre soberanía, jurisdicción e igualdad entre Estados. La cuestión de fondo es inquietante: ¿cómo puede defenderse diplomática y jurídicamente un país cuando considera que una potencia extranjera actúa contra sus máximas autoridades al margen de los mecanismos internacionales? ¿Puede un Estado atribuirse la facultad de detener y juzgar al presidente de otro país?
Más allá de las diferencias históricas y jurídicas entre cada caso, existe un elemento común que conecta a Nicaragua, Cuba, Venezuela y Palestina: la cuestión de fondo es si un país dispone realmente de mecanismos eficaces para defenderse cuando considera que una potencia extranjera vulnera su soberanía.
La impunidad nunca afecta únicamente al pasado. También condiciona el futuro. Cuando una violación del derecho internacional queda sin consecuencias efectivas, se envía un mensaje peligroso: que el incumplimiento puede resultar rentable y que la fuerza continúa teniendo más peso que el derecho. Por el contrario, cuando existen mecanismos capaces de garantizar la aplicación de las normas internacionales, se fortalece la capacidad disuasoria del propio sistema y se reducen los incentivos para nuevas agresiones, intervenciones o políticas de injerencia.
Desde esta perspectiva, la cuestión pendiente no es únicamente la indemnización a Nicaragua, por legítima que sea esa reivindicación. Lo que está en juego es algo más profundo: la credibilidad misma del derecho internacional.
Esa es, probablemente, la enseñanza más importante que nos deja el caso Nicaragua. No fue únicamente una batalla jurídica entre dos países. Fue una advertencia para el mundo sobre los límites de la justicia internacional y, al mismo tiempo, una demostración de que los pueblos pueden resistir, denunciar y hacer oír su voz incluso frente a los poderes más grandes.
Por eso la sentencia de La Haya sigue siendo mucho más que un episodio de la historia de Nicaragua. Es un símbolo de la defensa de la soberanía de los pueblos y un recordatorio de que la construcción de un orden internacional basado en la justicia, el derecho y la igualdad entre las naciones continúa siendo una tarea pendiente.